Una muestra de la situación aquí planteada es el reciente comunicado emitido por un grupo de cooperativas del noroeste provincial, aunque similar situación se repite en todo el territorio.
En este sentido, se recuerda que la Ley 11.769 -de Marco Regulatorio Provincial indica que “el costo propio de distribución a reconocer deberá proveer, a los distribuidores que operen en forma económica y prudente, recursos necesarios para cubrir los costos normales y razonables de comercialización y de explotación del servicio, costos de capital, amortización y renovación de equipos e instalaciones, expansiones de las redes necesarias para atender las obligaciones especificadas en los respectivos contratos de concesión, tributar los impuestos, y obtener una tasa de rentabilidad equiparable a la de otras actividades de riesgo similar…” (art. 42, inc. C primera parte).
Esta situación ya fue expuesta en reiteradas ocasiones al Gobierno provincial, quien tiene la potestad de fijar la readecuación tarifaria. En este sentido el subsidio otorgado a los distribuidores cooperativos, si bien es valorado por el sector como un gesto de reconocimiento muy positivo, ha resultado insuficiente puesto que se licua con la vorágine inflacionaria que impacta fuertemente en los costos. FEDECOBA ya lo advertía -junto a las demás federaciones provinciales del sector- hace algunos meses “que la economía de nuestras comunidades corre serio riesgo pues las cooperativas, que son una de las principales empresas en la mayoría de los pueblos del interior bonaerense, están altamente endeudadas y próximas a entrar en cesación de pagos, lo cual no sólo perjudicará al comercio sino, aún peor, va a resentir las inversiones, el empleo e incluso los servicios por falta de fondos”.
A este panorama se suma también la desazón de los dirigentes, elegidos democráticamente en las asambleas de cada cooperativa, que históricamente han gestionado de manera eficiente estas empresas comunitarias y que -por una serie de circunstancias adversas y ajenas a sus decisiones- hoy se encuentran amenazadas en su supervivencia exponiéndolos ante la comunidad como “malos administradores”. Los integrantes de los Consejos de Administración son asociados usuarios que circunstancialmente han sido elegidos para administrar una empresa de propiedad conjunta de los mismos y deben bregar por mantener inversiones acordes a un servicio eléctrico de calidad poniendo su responsabilidad patrimonial en cada acto.
Así, desde las cooperativas eléctricas crece el estado de preocupación al observar cómo se agotan los recursos con peligrosas consecuencias para las economías locales en donde han sido por décadas el motor del desarrollo con equidad. Por eso, el sector cooperativo eléctrico está ante una situación límite que inexorablemente hace suponer no sólo el quiebre de los cumplimientos de pago (abonar la factura por compra de energía exige resignar el pago de otros proveedores locales, atrasos impositivos, incumplimiento de obligaciones paritarias con los trabajadores, etc.), sino una grave crisis a nivel comunitario pues las cooperativas son actores insustituibles en la vida social y económica de cientos de pueblos del territorio provincial. Los canales de diálogo y trabajo en conjunto con el Estado provincial se mantienen. En esa línea, “trabajamos para que, entre todos, podamos encontrar rápidamente una solución que permita la sustentabilidad de las empresas cooperativas, en beneficio de los propios asociados-usuarios que han elegido el modelo asociativo para desarrollarse en comunidad”, expusieron desde la federación.
